De la transparencia selectiva (1/2).
"… porque la transparencia es la regla de oro."
Andrés Manuel López Obrador.
La alta popularidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue
siendo una constante en lo que va de su administración. También parece ser que es
la variable más importante para definir que se nos informa y cómo se nos informa.
No niego que han sucedido cosas positivas en los primeros 100 días de la
nueva administración. La lucha contra la corrupción es un gran pendiente en
nuestro país y tratar de erradicarla debe ser una de las más altas prioridades
de cualquier gobierno.
Es por ello que la corrupción es uno de los temas fundamentales de la agenda
del Gobierno Federal, junto con la seguridad, la austeridad y la transparencia.
Es en relación a este último tema, que quiero compartir con ustedes algunas
reflexiones.
¿En qué consiste la
transparencia gubernamental?
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, la transparencia consiste en:
“Proveer lo necesario para que
todo solicitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos
sencillos y expeditos; transparentar la gestión pública mediante la difusión de
la información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral y favorecer
la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño
de los sujetos obligados…”
Entre otras cosas la Ley establece: los sujetos obligados (Título I,
Capítulo II); las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados
(Título III, Capítulo I); la información reservada (Título IV, Capítulo II).
¿Se puede violar a nombre
de la transparencia, la transparencia misma?
De acuerdo con el sentido común, la pregunta escrita sobre estas letras
puede parecer una perogrullada, pero no lo es. Me explico.
La Transparencia, cómo está definida en la ley, obliga a los
funcionarios del Gobierno a hacer del conocimiento público toda la información:
que utilice como fuente; que genere a través de la operación diaria; que ilustre
su avance y/o cumplimiento de sus promesas/metas/objetivos; que explique las
decisiones tomadas; que explique los ajustes hechos, que dé cuenta del manejo
económico, etc.
Esta ley también define cuando alguna información deberá de ser
reservada o testada (sin referencias a personas o instituciones cuando exista
la creencia que se puede poner en riesgo la vida o el avance de alguna
investigación).
Ahora un ejemplo:
Primer acto: El Presidente, en nombre de la transparencia, anuncia un viernes, que
el siguiente lunes presentará una lista de todos los funcionarios de gobierno y
empresarios que han saqueado a la CFE. “Neoliberales” desde luego.
Segundo acto: El lunes siguiente, el Presidente le
pide al Director de la CFE lea la lista de todos los personajes identificados.
Tercer acto: En un ejercicio que carece del más
mínimo rigor (nombres incompletos, fechas equivocadas, contratos o proyectos
inexistentes, sexenios traslapados, etc.), el flamante Director lee la lista.
No presenta pruebas, sólo lee la lista.
Cuarto acto: El ciudadano en general, festeja este
nuevo ejercicio de transparencia.
Quinto acto: Después no pasa nada. No hay
acusaciones, no hay procesos, no hay seguimiento, no se presentan resultados.
Sexto acto: Se han compartido información de
particulares que está protegida por la ley. Además, si sobre esos particulares
existe una investigación en curso, se ha violado una vez más la ley.
Este ejercicio de “transparencia” sirvió para mostrar el “desmantelamiento de esta empresa productiva
del Estado… y que nos obliga, entre otras cosas, a retomar la generación de
electricidad en algunas partes de la República, a través de la utilización del
carbón”.
Si, en pleno calentamiento global vamos a contaminar más.
“La CFE invertirá
10,416 millones de pesos en plantas de carbón, mientras que en la
rehabilitación de centrales geotérmicas e hidroeléctricas gastará solo 980 y
340 mdp respectivamente, según la estrategia programática del proyecto de
presupuesto 2019”.
Lo que no nos dicen es que el presidente de la Comisión de energía del
Senado, Armando Guadiana, es un empresario minero y vende carbón. ¡Gracias a Dios!
Transparencia selectiva…
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